Voceros del Frente Campesino Ezequiel Zamora y otras organizaciones sociales, se reunieron en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en una asamblea con el objetivo de respaldar la decisión de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales Lamuño, referente a la desaplicación de los artículos 471-A y 472 del Código Penal Venezolano.
Esta despenalización de los mencionados artículos, por control difuso de la constitucionalidad, se ejecuta en aquellos casos en donde se observe un conflicto entre particulares devenido por la actividad agraria.
Al respecto, Orlando Zambrano diputado del PSUV del estado Apure y dirigente del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, indicó “queremos hacer un apoyo profundo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación al artículo 471-A que ha penalizado la lucha campesina y que ha criminalizado la lucha durante estos años”.
Zambrano, aseveró, “A los campesinos se nos ha tratado de bandas, delincuentes y ha llevado a engrosar la fila de los compañeros que se encuentran bajo medidas cautelares, todo esto como un mecanismo para frenar la lucha contra el latifundio, el avance hacia la consolidación de un proyecto productivo y hacia el impulso de una revolución agraria en el campo venezolano”.
Asimismo, puntualizó que “es importante destacar el papel que han jugado las organizaciones sociales, campesinas, trabajadores y otros colectivos en lo que tiene que ver con la lucha por la desaplicación de este artículo y que podamos avanzar a un nivel superior con la nulidad del mismo. Proponemos al Ejecutivo Nacional que este artículo favorezca a otros sectores sociales, nos referimos a que podamos avanzar en la lucha contra el latifundio que ocurre también en las grandes ciudades, no solamente hay latifundio en el campo, sino también existe latifundio urbano”.
En la actividad, también se encontraba el diputado del PSUV por el estado Yaracuy, Braulio Álvarez, quien haciendo referencia al caso de los campesinos Rafael Belisario y Martín Jiménez, imputados en el estado Guárico, expresó “queremos decirle a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, que se hacía necesaria esta decisión en base a las solicitudes que el movimiento campesino de Venezuela había realizado, tanto a la fiscalía, a la propia Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia”.
De igual forma, puntualizó que esta medida “no afectará el plan económico productivo, ya que hasta ahora se llevan 3 millones 700 mil hectáreas recuperadas, record en financiamiento, para cambiar la concepción de producción con nuevas estadísticas productivas y con nueva metodología. Estamos hablando de tecnología, control biológico de plaga, centros técnicos científicos productivos de genética, convenios extraordinarios para la adquisición de maquinaria, entre otros”.
