¡ALERTA EN CHILE!
En este último tiempo hemos vuelto a ver una escalada de violencia, represión, criminalización y militarización de varios territorios Mapuche. Son los casos en el territorio de Temucuicui; el territorio de Chequenco; el territorio de Lleu Lleu, los territorios de Makewe - Trapilwe, entre otros, viviendo un clima de violencia policial extrema, en el marco de la represión estatal a las reclamaciones por tierras ancestrales o ante la resistencia de la imposición de proyectos de expansión forestal y minera o en el caso particular de un proyecto de aeropuerto.
Existen denuncian graves que deben ser atendidas, que involucran hechos de lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.
Preocupante es en ese sentido, los graves daños sociales, algunos casi irreparables, que se ha venido haciendo en territorios mapuche donde se quiere imponer, a modo de ejemplo, un contaminante ducto tóxico de la celulosa Arauco Celco en la zona de Mehuin, territorio Lafkenche; o las amenazas a los territorio Pewenche y Huilliche cordillerana de Curarrehue, Neltume, Pilmaiquén, Alto Bio Bio con Proyectos de Represas hidroeléctricas, siendo un ejemplo paradigmático la inundación de un cementerio mapuche en Ralco Lepoy en los Altos del Bío Bío y el evidente etnocidio cultural, social que se realizó; o como viene ocurriendo sobre prospección minera, en varias zonas, como el Lleu Lleu; O en Quepe, con los intentos de imposición de un aeropuerto internacional.
Asimismo, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar. El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).
Se trata de prioridades que se debe asumir en pro de los avances democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, solo queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del Pueblo chileno, son un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables por cualquier sistema que se diga de justicia.
Derechos Colectivos de los Pueblos
Es primordial que el Estado chileno atienda y asuma las diversas recomendaciones que los organismos internacionales de Derechos Humanos que le obligan a reformar su legislación, en conformidad a las normas internacionales de Derechos y que les son vinculantes:
Todos los Pueblos tienen derecho a ser reparados cuando se les ha violentado, como ocurre con las tierras ancestrales del Pueblo Mapuche (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2007), es urgente que se asuma una política de reparación y/o compensación conforme a los intereses y necesidades Mapuche, atendiendo cada una de sus partes, se trata de demandas públicas que desde hace años se han instalado y que la institucionalidad del estado conoce perfectamente. Todos los Pueblos y sus comunidades tienen derecho a definir su propio desarrollo, atendiendo aspectos sociales, culturales, espirituales, ambientales, económicos y no a recibir imposiciones de industrias que solo han demostrado impactos, depredación y destrucción en todos estos aspectos (Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 y Convenio 169 de la OIT, asimismo la declaración ONU sobre el derecho al desarrollo y los diversos pactos de DDHH). El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.Asimismo, la defensa de los territorios y las recuperaciones de tierras, es un derecho humano inalienables e irrenunciable, son temas prioritarios y que a esta altura, con todos los años de conflicto y crisis, bueno sería que el Estado chileno comience a garantizar la paz social asumiendo políticamente las medidas de reparación y compensación que corresponden sobre los daños causados, atendiendo la proporcionalidad de los derechos atropellados en el Pueblo Mapuche, considerando los estándares internacionales al respecto.
Lo mismo, sin que el orden presentado signifique ideas de prioridad, las reclamaciones por JUSTICIA frente a los cobardes asesinatos a jóvenes Mapuche por reclamar tierras ancestrales, son a la vez, temas irrenunciables y aparentemente el Estado chileno no tiene interés de garantizar procesos y procedimientos justos para castigar a aquellos agentes estatales policiales y militarizados que se descontrolan y actúan como criminales y matones, reflejando lo indigno e ilegitimo de sus instituciones.
El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos (Pacto Derechos Civiles y Políticos y Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.
Los hechos: Se agudizan las violaciones a los derechos humanos
Lo único que se ha demostrado y evidenciado con las últimas acciones del Estado chileno y sus agentes policiales es que en este país continúan plenamente vigentes políticas aberrantes de diversas formas de colonialismo, el apartheid, las diversas formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera como las transnacionales, y de corporaciones o particulares chilenos, la agresión y amenazas contra la soberanía de los pueblos chileno e indígenas y contra la integridad social y territorial, y los constantes actos o amenazas de militarización, que han atentado, vulnerando los derechos humanos.
Persisten los actos abusivos e insensatos promovidos por parte de ciertos sectores con poder, y de un Estado chileno sin interés de respetar y reparar los derechos humanos, ni de proporcionar soluciones eficientes y garantizar la paz social de las comunidades, el que, por el contario, ejecuta a través de sus aparatos de inteligencia y policiales constantes asedios, allanamientos, aplicación de la fuerza bruta, irrupción de hogares, bombas lacrimógenas, disparos, existiendo ahí niños, niñas y ancian@s indefensos, existiendo amplio material público que lo verifica.
Nos sumamos de esta forma a los distintos pedidos que se han venido haciendo para la solidaridad y atención inmediata a la situación de los Derechos Humanos, en este caso, del Pueblo Mapuche, y, particularmente, ante la violenta persecución que diversas personas de la dirigencia y la representación tradicional mapuche, como el reciente caso del werken Mijael Carbone Queipul de la Alianza Territorial Mapuche, perseguido y amenazado de muerte por agentes estatales, y de muchos otros y otras, en diversos territorios que son perseguidos y criminalizados, como ocurre en la Comunidad Juan Paillalef, en Temulemu, en Temucuicui autónoma, en Winkul Mapu en Ercilla, las comunidades Lafkenche de Mehuin, en Rofúe, Makewe y Quepe, en el territorio de Lleu Lleu, entre otras, que vienen recibiendo desde el Estado chileno agresión y violencia sistemática, por el solo hecho de manifestar el ejercicio, la defensa y reclamación de sus derechos individuales y colectivos.
Extendemos este alerta a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, solidarias y conscientes frente a estos graves hechos que vienen ocurriendo, para informarse y actuar y no guardar silencio.
