jueves, 12 de enero de 2012

Explotación sexual la nueva "epidemia" en Haití


A dos años del devastador terremoto en Haití, un problema sigue ampliamente sin resolver: la vulnerabilidad de mujeres y niñas sometidas a explotación y abusos sexuales como una consecuencia más de las precarias condiciones de vida a las que están sometidas tras el sismo que destruyó en buena parte su forma de vida. 

"Mujeres y niñas desplazadas se están viendo forzadas por las circunstancias a practicar sexo por supervivencia", denunció Marie Eramithe Delva, cofundadora de KOFAVIV, una ONG haitiana creada por mujeres víctimas de abusos sexuales para defender los derechos de este desfavorecido sector, al presentar hoy un informe sobre el tema con motivo del segundo aniversario del terremoto.

"Es una epidemia, una epidemia que ha recibido poca atención del gobierno haitiano o de la comunidad internacional", lamentó.

Según el informe, elaborado por las ONGs de mujeres MADRE, KOFAVIV, la Clínica Inernacional de Derechos Humanos de las Mujeres (IWHR, por sus siglas en inglés), y la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York (CUNY), muchas de las mujeres y niñas desplazadas "se ven obligadas a intercambiar sexo por un cobijo, dinero o incluso una mera comida".

El informe hace referencia a estudios según los cuales hasta el 22 por ciento de las mujeres y niñas desplazadas y un dos por ciento de las mujeres en general en Haití han sido víctimas de asalto sexual. La propia KOFAVIV documentó 269 incidentes de violación en Puerto Príncipe y sus alrededores entre marzo y octubre de 2001, agrega.

"A pesar de una mayor conciencia y atención (oficial al problema), la violencia contra mujeres y niñas sigue sin disminuir", denuncia el reporte, que atribuye una mayor falta de acción a la "falta de comprensión" en esta materia y a un "historial de impunidad ane violencia contra mujeres" en Haití.

No es la primera vez desde el terremoto que ONGs denuncian la vulnerable y peligrosa situación de las mujeres y niñas desplazadas por el terremoto. Éste causó que 1,5 millones de personas se vieran obligadas a vivir en campamentos temporales tras perder sus viviendas, de las que unas 500.000 siguen hoy en día en estos campos de desplazados.

En agosto del año pasado, Human Rights Watch (HRW) ya denunció la extrema vulnerabilidad de las mujeres y niñas en Haití a raíz del terremoto y los fuertes incrementos en embarazos no deseados, así como "graves lagunas" sanitarias en atención a este sector.

Además, a finales de diciembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de las mujeres en los campamentos, como una mayor iluminación en las zonas comunes de letrinas, aumentar la seguridad o proporcionar asistencia médica a las víctimas de abusos.

En este nuevo informe, las ONGs sostienen que todavía queda "mucho por hacer" para "prevenir efectivamente, combatir y responder a la explotación sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en el Haití post-terremoto".

Al respecto, las organizaciones especializadas emiten recomendaciones tanto a nivel práctico como legal.

Así, reclaman la adopción de medidas que atiendan de forma "inmediata" las necesidades más urgentes, entre otras "garantizar que a los haitianos pobres y desplazados se les proporcione necesidades básicas como comida, cuidados médicos y un refugio", así como "mejorar la seguridad" y la respuesta policial ante violencia sexual.

Más a largo plazo, consideran estas ONGs, se necesita garantizar una educación gratuita, crear oportunidades de generar ingresos, vivienda y una atención médica adecuada, además de "implementar medidas efectivas para promover y proteger el derecho a no sufrir violencia sexual".

Se hace necesario también mejorar el entrenamiento del personal médico, la policía y demás personal de atención inmediata en casos de agresión sexual, así como la "sistematización de los datos documentando la prevalencia de todas las formas de violencia contra mujeres en los campos de desplazados".

Finalmente, las ONGs exigen el "fin de la impunidad" y garantizar una respuesta judicial a las agresiones, lo que pasa, subrayan, por "aprobar e implementar" una propuesta de ley sobre violencia contra mujeres.

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