Por primera vez en la historia, la Justicia argentina ha citado a declarar a un empresario para que testifique sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). Los magistrados no han procesado todavía a Marcos Levin, dueño de la principal compañía de transporte de la provincia de Salta, pero el ejecutivo está imputado tras haber sido llamado por los jueces para realizar la declaración indagatoria. Algo nuevo hasta ahora.
La situación en la que Levin se encuentra no es muy favorable. El propietario de La Veloz del Norte tiene que dar explicaciones en un proceso que investiga el secuestro y posterior tortura de 12 de sus trabajadores, sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El empresario será interrogado el próximo 7 de febrero, así que tiene dos semanas para pensar cuál será su defensa frente a las declaraciones de algunos testigos, que lo sitúan dentro de los centros clandestinos de detención.
Uno de los dirigentes sindicales, el chófer Víctor Manuel Cobos, acusa al empresario de estar presente en una sesión de tortura en la que el trabajador fue sometido a descargas eléctricas, allá por 1977.
Según relató esta víctima, el empresario daba informes a las Fuerzas de Seguridad, que usaban los coches de la empresa para secuestrar a los sindicalistas. Después de torturarlos, les obligaron a firmar una confesión en la que admitían haber cometido una estafa contra la compañía, so pena de "reventarlos" o de "hacerlos desaparecer". Aquellas declaraciones fueron la justificación perfecta de Levin para despedir después a todos los líderes de la UTA.
Ahora tendrá que hacer declaración indagatoria.
